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Fraude

1. OLAF – La Oficina Antifraude Europea

El contrabando de tabaco, la falsificación de monedas de euro o los subsidios entregados a cultivos de naranjas inexistentes, representan casos de fraude para el presupuesto de la Unión Europea, así como para los contribuyentes. La Oficina Antifraude Europea

(conocida como la OLAF por su acrónimo francés) creada en 1999, tiene por objetivo proteger los intereses financieros de la Unión Europea y asegurar que se hace el mejor uso posible de los recursos de la UE. La OLAF ejerce como servicio de investigación independiente dentro de la Comisión Europea. Emplea a casi 400 funcionarios para luchar contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión, incluyendo cualquier actividad ilegal producida dentro de las instituciones europeas.

Cada año la OLAF investiga varios cientos de casos, donde los fondos o ingresos de la UE han sido usados ilegalmente o han sufrido alguna estafa. Las consecuencias que este tipo de casos conllevan son investigaciones por parte de las autoridades nacionales, procedimientos disciplinarios o sanciones económicas o administrativas que pueden acarrear también cambios en la legislación.

Cuando se miden las consecuencias financieras del fraude queda claro que el principal delito de fraude consiste en el mal uso que se da a los Fondos Estructurales de la UE, que financian proyectos de desarrollo regional y social. El contrabando de tabaco es otro de los mayores delitos de fraude, en donde se mueven anualmente cientos de millones. El tercer mayor delito de fraude consiste en las irregularidades en el gasto destinado a la agricultura. Se ha calculado que al año del presupuesto europeo de más de 100 billones de euros al menos un billón acaba en los bolsillos indebidos.

La OLAF también gestiona la recuperación de ese dinero para la UE. Por ejemplo, en los últimos años, la OLAF ha devuelto a las arcas de Bruselas alrededor de 200 millones de euros que habían sido obtenidos de forma fraudulenta.

La independencia de las investigaciones es crucial para la eficacia de la OLAF. Por consiguiente, disfruta de un estatuto especial dentro del marco institucional de la UE. A pesar de que se creó como parte de la Comisión Europea, a su Director General no se le permite aceptar instrucciones de ningún gobierno ni institución, incluida la propia Comisión. La OLAF puede llevar los casos ante el Tribunal Europeo en caso de que viese en peligro la independencia de sus investigaciones.

Los funcionarios de la OLAF disfrutan de amplias capacidades de investigación de delitos civiles. Pueden llevar a cabo registros sobre el terreno con premisas profesionales en los Estados miembros y también en algunos de los países con los que la Comunidad ha firmado acuerdos de cooperación. También trabajan estrechamente con las autoridades de los Estados miembros, de hecho deben permitir a los funcionarios de los Estados miembros tomar el control de la investigación en los casos penales.

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