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Transporte y energía

1. Contexto

En enero de 2007, la Comisión Europea presentó una serie de iniciativas sin precedentes, relativas a la energía y animó a los 27 de la Unión a que las adoptasen. La Comisión propuso conseguir reducir un 30% la emisión de gases de efecto invernadero en los países desarrollados a nivel mundial para el año 2020, estableciendo en un 20%, como mínimo, las reducciones dentro de la UE para esa misma fecha. El Presidente José Manuel Barroso, en pro de una “revolución postindustrial” declaró: “la política energética es una de las primeras y fundamentales políticas del proyecto europeo. Por ello, tenemos que volver a situar esta política en el centro del debate. Los retos del cambio climático aumentan la dependencia de las importaciones y los miembros de la UE tienen que hacer frente a precios cada vez mayores”.

La cumbre de líderes y gobiernos de la UE en la primavera de 2007, en Bruselas, llegó a acuerdos jurídicamente vinculantes, entre los que se encuentran la reducción de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el compromiso de obtener al menos un 20% de la energía mediante fuentes renovables. La Unión Europea ya está luchando por alcanzar los objetivos establecidos por el Protocolo de Kioto, pero al mismo tiempo tiene por delante grandes retos relacionados con el impacto medioambiental, el transporte y la energía.

El transporte y la energía, junto con las comunicaciones, comparten como característica el ser industrias establecidas mayoritariamente en estructura de red. Tanto la economía global como la unión de Europa necesitan redes cada vez más integradas. Anteriormente, las redes de transporte y energía se organizaban según las políticas nacionales, lo que provocaba una escasa capacidad, a veces nula, de establecer uniones entre países y alcanzar así los objetivos de una red europea. Para poner solución a esto, el Tratado de Maastricht incluía una serie de disposiciones para la creación de las “Redes Transeuropeas” (RTE), en el ámbito de la energía, los transportes y las telecomunicaciones. La Comunidad Europea financia las RTE; en la financiación participan también el Banco Europeo de Inversiones, los Fondos Estructurales y los Fondos de Cohesión, todo ello destinado al desarrollo de las regiones europeas más pobres y a la integración de las infraestructuras de Europa.

A pesar de que durante mucho tiempo ha existido una política legislativa y de fondos para toda Europa en materia de transporte y energía, fue en octubre de 2005, durante el Consejo de la UE en Londres, cuando se creó y aprobó una “Política Energética Europea” realmente exhaustiva. En marzo de 2006 la Comisión lanzó un Libro Verde titulado Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura. A esto le siguió una serie de propuestas de la Comisión bajo el nombre Energía para un mundo en transformación, lo que coincide con el discurso del presidente Barroso en enero de 2007, y que tiene que ser aprobado tanto por el Consejo Europeo como por el Parlamento para convertirse en ley. Para la materialización de todo este proceso fue clave la cumbre de esta primavera.

Aunque estos objetivos están especialmente dirigidos al sector energético, forman también parte integrante del desarrollo urbano y el transporte de mercancías y personas, así como de la importación de fuentes de energía fósil. A principios de 2007, la Comisión emitió el Libro Verde sobre el transporte urbano, en el que se examinan todos los tipos de transporte urbano con el fin de determinar cómo la UE puede colaborar al desarrollo del transporte urbano en cooperación con la Política Europea de Transporte.

Seguridad

Los ataques del 11 de septiembre de 2001, así como los de Madrid y Londres, han puesto de relieve cuán vulnerables son los servicios de transporte ante los terroristas. Igualmente, ha surgido la necesidad de aumentar la seguridad de las infraestructuras de transportes ante posibles ataques terroristas. La infraestructura energética europea también puede representar un objetivo terrorista en potencia de consecuencias devastadoras. Desde el año 2001, la UE ha aumentado rápidamente las medidas de seguridad a lo largo de toda Europa. Esto ha llevado al establecimiento de normas comunes de seguridad en los aeropuertos. Es más, la propia Comisión lleva a cabo inspecciones por toda Europa para complementar de este modo los controles ya existentes por parte de las autoridades nacionales. En los puertos, las inspecciones de buques que se estaban llevando a cabo para asegurar que ningún barco poco seguro pusiese en peligro las aguas europeas, ahora también se centran en supervisar las mercancías potencialmente peligrosas. Actualmente, la Comisión está trabajando para fomentar la coordinación de los miembros de la UE en materia de seguridad para el transporte y la energía.

La UE ha creado tres agencias para la seguridad del trasporte aéreo, marítimo y por ferrocarril, así como ha establecido mínimos comunes de seguridad en diferentes campos. Estas agencias se encargan de poner en práctica las normas de seguridad en toda Europa, así como de prestar ayuda a la Comisión para desarrollar medidas de seguridad cada vez más eficaces.

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